A mi juicio la Junta negoció/convenció/chantajeó al Gobernador para que el Gobierno ELIMINE LA LEY 80-1976, pues, canjeó con él, mantenerles un presupuesto casi similar al vigente. O sea, que EL AÑO 2019 (solo ese año) el presupuesto beneficiará POLÍTICAMENTE al Gobernador.
¿Qué tiene que ver la Ley 80 con aprobar el presupuesto del Gobierno?, nos preguntamos muchos…
¿Realmente la Ley 80 incentivará que más empresarios establezcan negocios en PR?, como vociferan otros…
Para mí, ninguna de estas preguntas son las que tenemos que hacer… En cambio, la pregunta que deberíamos hacer es la siguiente:
¿La permanencia de la Ley 80 le permitirá a la Junta de Supervisión Fiscal hacer los ajustes fiscales suficientes para cuadrar las finanzas del Gobierno y lograr un repago de la deuda pública?
Para mí, esa debe ser la pregunta que nos tenemos que hacer… y para contestarla, hay que analizar, a mi juicio, estos 2 asuntos:
#1: La Junta utiliza como "trueque" la aprobación de un buen presupuesto a cambio de la eliminación de la Ley 80, porque no tiene facultad en ley para hacerlo por sí misma. (Para eliminar una ley estatal se requiere que lo haga la Legislatura de PR y lo firme el Gobernador; ni el Congreso de EU tiene esa facultad.)
#2: Aunque se pueden desarrollar muchas justificaciones, a mi juicio, es el Artículo 6 de la Ley 80, el que realmente necesita eliminar la Junta, pero, como no puede pedirlo así tan literal y “directo al hígado”, pide la derogación de la Ley y, de paso, elimina la mesada y “ayuda” en algo la economía, si pensamos que dicha eliminación incentivará a empresarios a establecer sus negocios, pues, abarata los costos operacionales…
Sin embargo, con la desaparición del Artículo 6 de la Ley 80, la Junta viabilizará sus planes de vender los activos de varias corporaciones públicas, entre ellas, la AEE, el Fondo del Seguro del Estado, la ACAA, por mencionar algunas. Y la Junta sabe que será dificilísimo encontrarle “un novio” a la AEE, o sea, un buen comprador que quiera adquirir estas entidades perdidosas, si está obligada a venderla con todos los empleados que hoy día tiene. Y con la Ley 80, al venderse una corporación pública, quien la compre, si absorbe los empleados (pues, botarlos, como parte de la transacción sería una locura y un desastre de percepción política), absorbe también un problemón, pues esos empleados están unionados, y tienen unos beneficios enormes por convenios que no hacen rentable la compra de una operación perdidosa y encima cara.
Si bien es cierto que la Ley 80 no rige la relación patronal del Gobierno con sus empleados, sí le será de aplicación al nuevo comprador, y si ese comprador se queda con los empleados, les tiene que acreditar el tiempo trabajado, y si los bota a ese momento, hay que pagarles la mesada, o el comprador retener lo que sería la mesada, pues, lo pagará él, y la Junta sabe que ese dinero no existe y encarecería cualquier venta, haciéndola inviable. Y si el nuevo comprador retuviera a esos empleados tiene que cumplir con las demás disposiciones de la Ley 80, como lo sería el garantizarle los beneficios que tenían esos empleados (o sea, cumplir sus convenios), y si luego los despide, tiene que pagarles la mesada considerando los años de servicios que tenían como empleados públicos.
Es obvio, que la Junta sabe que con esta legislación estatal no se podrá realizar ninguna negociación con posibles compradores de las entidades públicas que ellos van a poner a la venta en algunos meses. ¡De eso no hay duda! Así que mi percepción es que la Junta está aprovechando la gula política del Gobernador por mantener el Bono (aunque sea este año) y mantener los millones para operar el Gobierno como si nada pasara (de paso, le aumentarán su presupuesto en Fortaleza), a cambio de la eliminación de esa ley que entorpecerá cualquier negociación futura.
Señor Gobernador: Siga justificando el asunto como lo está haciendo, con demagogia, y sin aceptar que usted sabe que la razón que esgrimo es la cierta, pero, es inconveniente decirla.
Señor Presidente del Senado: Siga defendiendo la Ley 80, como lo está haciendo, con demagogia, sin decir por qué realmente se opone, que no sea su interés en ganar más capital político, pues, sabe que el Gobernador día a día pierde el suyo.
Analistas con intereses gubernamentales: Sigan buscando justificaciones por las ramas, y sin abundar en el verdadero asunto y dejar al pueblo en desconocimiento real del asunto o a medias, lo cual es sumamente conveniente, pues con el Pueblo cautivo se logran mejores ventas de los anuncios de sus programas.
¿Qué tiene que ver la Ley 80 con aprobar el presupuesto del Gobierno?, nos preguntamos muchos…
¿Realmente la Ley 80 incentivará que más empresarios establezcan negocios en PR?, como vociferan otros…
Para mí, ninguna de estas preguntas son las que tenemos que hacer… En cambio, la pregunta que deberíamos hacer es la siguiente:
¿La permanencia de la Ley 80 le permitirá a la Junta de Supervisión Fiscal hacer los ajustes fiscales suficientes para cuadrar las finanzas del Gobierno y lograr un repago de la deuda pública?
Para mí, esa debe ser la pregunta que nos tenemos que hacer… y para contestarla, hay que analizar, a mi juicio, estos 2 asuntos:
#1: La Junta utiliza como "trueque" la aprobación de un buen presupuesto a cambio de la eliminación de la Ley 80, porque no tiene facultad en ley para hacerlo por sí misma. (Para eliminar una ley estatal se requiere que lo haga la Legislatura de PR y lo firme el Gobernador; ni el Congreso de EU tiene esa facultad.)
#2: Aunque se pueden desarrollar muchas justificaciones, a mi juicio, es el Artículo 6 de la Ley 80, el que realmente necesita eliminar la Junta, pero, como no puede pedirlo así tan literal y “directo al hígado”, pide la derogación de la Ley y, de paso, elimina la mesada y “ayuda” en algo la economía, si pensamos que dicha eliminación incentivará a empresarios a establecer sus negocios, pues, abarata los costos operacionales…
Sin embargo, con la desaparición del Artículo 6 de la Ley 80, la Junta viabilizará sus planes de vender los activos de varias corporaciones públicas, entre ellas, la AEE, el Fondo del Seguro del Estado, la ACAA, por mencionar algunas. Y la Junta sabe que será dificilísimo encontrarle “un novio” a la AEE, o sea, un buen comprador que quiera adquirir estas entidades perdidosas, si está obligada a venderla con todos los empleados que hoy día tiene. Y con la Ley 80, al venderse una corporación pública, quien la compre, si absorbe los empleados (pues, botarlos, como parte de la transacción sería una locura y un desastre de percepción política), absorbe también un problemón, pues esos empleados están unionados, y tienen unos beneficios enormes por convenios que no hacen rentable la compra de una operación perdidosa y encima cara.
Si bien es cierto que la Ley 80 no rige la relación patronal del Gobierno con sus empleados, sí le será de aplicación al nuevo comprador, y si ese comprador se queda con los empleados, les tiene que acreditar el tiempo trabajado, y si los bota a ese momento, hay que pagarles la mesada, o el comprador retener lo que sería la mesada, pues, lo pagará él, y la Junta sabe que ese dinero no existe y encarecería cualquier venta, haciéndola inviable. Y si el nuevo comprador retuviera a esos empleados tiene que cumplir con las demás disposiciones de la Ley 80, como lo sería el garantizarle los beneficios que tenían esos empleados (o sea, cumplir sus convenios), y si luego los despide, tiene que pagarles la mesada considerando los años de servicios que tenían como empleados públicos.
Es obvio, que la Junta sabe que con esta legislación estatal no se podrá realizar ninguna negociación con posibles compradores de las entidades públicas que ellos van a poner a la venta en algunos meses. ¡De eso no hay duda! Así que mi percepción es que la Junta está aprovechando la gula política del Gobernador por mantener el Bono (aunque sea este año) y mantener los millones para operar el Gobierno como si nada pasara (de paso, le aumentarán su presupuesto en Fortaleza), a cambio de la eliminación de esa ley que entorpecerá cualquier negociación futura.
Señor Gobernador: Siga justificando el asunto como lo está haciendo, con demagogia, y sin aceptar que usted sabe que la razón que esgrimo es la cierta, pero, es inconveniente decirla.
Señor Presidente del Senado: Siga defendiendo la Ley 80, como lo está haciendo, con demagogia, sin decir por qué realmente se opone, que no sea su interés en ganar más capital político, pues, sabe que el Gobernador día a día pierde el suyo.
Analistas con intereses gubernamentales: Sigan buscando justificaciones por las ramas, y sin abundar en el verdadero asunto y dejar al pueblo en desconocimiento real del asunto o a medias, lo cual es sumamente conveniente, pues con el Pueblo cautivo se logran mejores ventas de los anuncios de sus programas.
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