Leer e internalizar los propósitos y fundamentos del P. del S. 1082, que propone crear el Fondo de Incentivos a Agricultores de la Industria Lechera, con dineros provenientes de las aportaciones de las cooperativas puertorriqueñas a COSSEC, no es tarea fácil. Pensar en el esfuerzo y sacrificio que buenos puertorriqueños y puertorriqueñas han hecho por más de 50 años para crear, apoyar y solidificar unas empresas cooperativas, a través de las cuales han echado pa’ lante, -como también hoy nos beneficiamos con excelencia muchísimos ciudadanos-, y saber que una porción considerable de ese esfuerzo el Gobierno se lo pretende incautar para subsidiar a otra industria, es una paradoja. Ello es así, pues el Gobierno pretende usar los dineros cooperativos para proveer, por ley, una asignación recurrente a la Industria Lechera de los primeros nueve millones quinientos mil dólares ($9,500,000) que obtenga anualmente como ingresos COSSEC.
Para quienes no conozcan, COSSEC, es una corporación pública que se creó en Puerto Rico para actuar como el regulador de las operaciones de las cooperativas, a la vez que es el asegurador de las cooperativas de ahorro y crédito, pues emite un seguro de depósitos y acciones para proteger los depósitos de los socios y consumidores de las cooperativas hasta un límite de $250 mil, tal cual lo asegura el FDIC en la banca privada.
Sin embargo, COSSEC solamente se nutre de los ingresos que recibe por la venta de las primas de su seguro de acciones y depósitos que le pagan las cooperativas de ahorro y crédito, para que esta entidad proteja a su vez a los socios y consumidores de dichas cooperativas ante cualquier quebranto fiscal que le impida a la cooperativa pagarle los depósitos a cada consumidor. También COSSEC, todos los años, tiene ingresos como aportación de capital el 1 % del total de depósitos que reciben anualmente las cooperativas. O sea, COSSEC es una corporación pública muy particular, pues sus únicos ingresos provienen de dineros privados que le pertenecen a los cerca de 8000,000 socios de las cooperativas puertorriqueñas.
Ese esfuerzo, es parte de lo que permite que las cooperativas se proyecten al Pueblo como reguladores de precios, al brindar tasas de intereses de préstamos más bajas que los de la banca privada y cumplen una función social sin comparación, mientras se precian de tener una aseguradora sólida financieramente para proteger a quienes en ella confían. En cambio, hoy, ese esfuerzo se ve amenazado por el Gobierno, pues de convertirse en ley este proyecto, COSSEC quedaría desprovisto de los dineros que precisamente le permiten asegurarle a la ciudadanía que en caso de que una cooperativa no pueda responderle al ciudadano, su seguro sí lo hará, y con pesar, el Proyecto de Ley pretende usar parte de esos dineros para unos propósitos ajenos. Y peor aún, el dinero cooperativista pretende utilizarse para incentivar una industria privada que la mueve un fin de lucro; lo opuesto al fin social y sin lucro en que se sustentan las cooperativas. En síntesis, es el propio Gobierno quien estaría legalizando una incautación de unos dineros privados, obtenidos por la unión de esfuerzos del Pueblo, para entregárselo como incentivos a comerciantes con fines de lucro privativos. Triste ironía, haciendo una fiesta con lo que nada les cuesta.
Y la ironía se agudiza cuando ese propio Gobierno que hoy pretende incautarle fondos de auto-sustentabilidad cooperativa, no ha contado con el Sector Cooperativo para que le ayude, con su pericia, en sus esfuerzos para mejorar la economía. Obvio, es que el actual Gobierno (al igual que los pasados recientes) no conoce las bondades del Cooperativismo, ni conoce que esta filosofía de vida, ha permitido que miles de puertorriqueños, de forma conjunta, hayan logrado instituir entidades que cumplen una misión social, mientras sirve de escenario laboral, financiero y de vivienda, por mencionar algunos de los sectores más productivos. Ni mucho menos ha viabilizado legislación para que las cooperativas que hoy poseen retos financieros, puedan tener incentivos que les permitan desarrollarse y servir con mayor calidad a sus socios dueños.
Si bien es cierto que todo buen puertorriqueño debe empeñar sus esfuerzos diarios en levantar nuestro país, tal responsabilidad no puede quedar a expensas de aceptar una incautación desleal de fondos privados de sus empresas, y mucho menos que tales fondos que les quitan, sean dirigidos por parte del Estado a unos propósitos extraños. En la búsqueda de un mejor mañana para la Industria Lechera, el Gobierno atenta con desprecio al mañana del Cooperativismo, pues por lo visto, nuestro mañana, no será mejor, ni será bueno.
Quienes nos preciamos decir que pertenecemos al Pueblo Cooperativista tenemos la obligación de ponernos de pie y exigirle al Gobierno un detente en su gesta de desestabilizarle sus instituciones bajo el manto de una emergencia fiscal, pues con la pretendida incautación, comenzará un deterioro fiscal sin precedente para el Sector Cooperativista de Ahorro y Crédito, del cual hoy se sirven más de 800,000 puertorriqueños y que aporta significativamente a la industria financiera nativa con productos y servicios competitivos ayudándole al Gobierno a tener unos negocios bancarios más justos y accesibles para su gente, sin mencionar la aportación social y cultural que día a día le evita al Gobierno tener que hacer.
Para quienes no conozcan, COSSEC, es una corporación pública que se creó en Puerto Rico para actuar como el regulador de las operaciones de las cooperativas, a la vez que es el asegurador de las cooperativas de ahorro y crédito, pues emite un seguro de depósitos y acciones para proteger los depósitos de los socios y consumidores de las cooperativas hasta un límite de $250 mil, tal cual lo asegura el FDIC en la banca privada.
Sin embargo, COSSEC solamente se nutre de los ingresos que recibe por la venta de las primas de su seguro de acciones y depósitos que le pagan las cooperativas de ahorro y crédito, para que esta entidad proteja a su vez a los socios y consumidores de dichas cooperativas ante cualquier quebranto fiscal que le impida a la cooperativa pagarle los depósitos a cada consumidor. También COSSEC, todos los años, tiene ingresos como aportación de capital el 1 % del total de depósitos que reciben anualmente las cooperativas. O sea, COSSEC es una corporación pública muy particular, pues sus únicos ingresos provienen de dineros privados que le pertenecen a los cerca de 8000,000 socios de las cooperativas puertorriqueñas.
Ese esfuerzo, es parte de lo que permite que las cooperativas se proyecten al Pueblo como reguladores de precios, al brindar tasas de intereses de préstamos más bajas que los de la banca privada y cumplen una función social sin comparación, mientras se precian de tener una aseguradora sólida financieramente para proteger a quienes en ella confían. En cambio, hoy, ese esfuerzo se ve amenazado por el Gobierno, pues de convertirse en ley este proyecto, COSSEC quedaría desprovisto de los dineros que precisamente le permiten asegurarle a la ciudadanía que en caso de que una cooperativa no pueda responderle al ciudadano, su seguro sí lo hará, y con pesar, el Proyecto de Ley pretende usar parte de esos dineros para unos propósitos ajenos. Y peor aún, el dinero cooperativista pretende utilizarse para incentivar una industria privada que la mueve un fin de lucro; lo opuesto al fin social y sin lucro en que se sustentan las cooperativas. En síntesis, es el propio Gobierno quien estaría legalizando una incautación de unos dineros privados, obtenidos por la unión de esfuerzos del Pueblo, para entregárselo como incentivos a comerciantes con fines de lucro privativos. Triste ironía, haciendo una fiesta con lo que nada les cuesta.
Y la ironía se agudiza cuando ese propio Gobierno que hoy pretende incautarle fondos de auto-sustentabilidad cooperativa, no ha contado con el Sector Cooperativo para que le ayude, con su pericia, en sus esfuerzos para mejorar la economía. Obvio, es que el actual Gobierno (al igual que los pasados recientes) no conoce las bondades del Cooperativismo, ni conoce que esta filosofía de vida, ha permitido que miles de puertorriqueños, de forma conjunta, hayan logrado instituir entidades que cumplen una misión social, mientras sirve de escenario laboral, financiero y de vivienda, por mencionar algunos de los sectores más productivos. Ni mucho menos ha viabilizado legislación para que las cooperativas que hoy poseen retos financieros, puedan tener incentivos que les permitan desarrollarse y servir con mayor calidad a sus socios dueños.
Si bien es cierto que todo buen puertorriqueño debe empeñar sus esfuerzos diarios en levantar nuestro país, tal responsabilidad no puede quedar a expensas de aceptar una incautación desleal de fondos privados de sus empresas, y mucho menos que tales fondos que les quitan, sean dirigidos por parte del Estado a unos propósitos extraños. En la búsqueda de un mejor mañana para la Industria Lechera, el Gobierno atenta con desprecio al mañana del Cooperativismo, pues por lo visto, nuestro mañana, no será mejor, ni será bueno.
Quienes nos preciamos decir que pertenecemos al Pueblo Cooperativista tenemos la obligación de ponernos de pie y exigirle al Gobierno un detente en su gesta de desestabilizarle sus instituciones bajo el manto de una emergencia fiscal, pues con la pretendida incautación, comenzará un deterioro fiscal sin precedente para el Sector Cooperativista de Ahorro y Crédito, del cual hoy se sirven más de 800,000 puertorriqueños y que aporta significativamente a la industria financiera nativa con productos y servicios competitivos ayudándole al Gobierno a tener unos negocios bancarios más justos y accesibles para su gente, sin mencionar la aportación social y cultural que día a día le evita al Gobierno tener que hacer.
